Inicio Mujer La máscara legal de la explotación sexual

La máscara legal de la explotación sexual

0

En los últimos días trascendió la noticia del procesamiento de varios hombres por delitos previstos en la ley vigente contra la explotación sexual a niños y adolescentes, entre ellos un exjuez, jerarcas del Estado, docentes universitarios y de enseñanza media, y empresarios “de la noche”. Las investigaciones dieron con los responsables luego del lamentable asesinato de una adolescente en Maldonado hace unas semanas, víctima de explotación sexual, gracias a información que contenía en su celular. Este caso revela el entramado de trata de personas, explotación sexual de menores, y otras actividades que lucran con la vida y los cuerpos de mujeres, adolescentes y niños en nuestro país, y deja al descubierto la máscara legal detrás de la cual se esconden estas actividades ilegales. 

Trata de personas para explotación sexual

Si bien puede parecer algo ajeno a nuestra realidad, la trata de persona con fines de explotación sexual está presente en nuestro país de varias formas. Colectivos y organizaciones sociales que trabajan en el acompañamiento a familias y víctimas de trata, sostienen que las formas por las que los explotadores llegan a las mujeres y adolescentes son muy variadas. Desde secuestros y desapariciones, pasando por vínculos de pareja donde termina siendo el proxeneta, en la noche a través de drogas o incluso captando gurisas para eventos puntuales con entrada exclusiva. 

La realidad a la que se enfrentan las familias cuando denuncian una desaparición, o una víctima cuando quiere denunciar un hecho de explotación sexual, es de una completa inoperancia por parte del sistema judicial y de la policía. Si bien la ley y los protocolos exigen que cualquier persona puede denunciar en cualquier comisaría o directo en Fiscalía, y que se le debe otorgar un número de seguimiento y un comprobante, esto no siempre sucede. A muchas familias no se les permite acceder al expediente de la desaparición de una mujer o adolescente, los plazos se alargan, los protocolos no se cumplen y las respuestas no aparecen. Para aquellas mujeres que se atreven a hacer la denuncia en primera persona, no hay soluciones ni protección real. Ya sea por la falta de capacitación del personal, la falta de presupuesto acorde en el sistema judicial, (por ejemplo, para concretar la creación de los juzgados especializados previstos en la Ley de violencia hacia las mujeres), o incluso por el peso económico y político que tienen los explotadores, resulta casi imposible visualizar una salida para las mujeres que son capturadas por la trata y el negocio de la explotación sexual, en su gran mayoría mujeres pobres. 

La responsabilidad del Estado en esta situación es total. Por eso las soluciones reales y concretas de protección a las víctimas, así como de juicio y castigo a los responsables de estos crímenes, deben venir del propio Estado.

De todas formas, y con el objetivo de realizar un análisis un poco más profundo de este tema, no podemos dejar de mencionar los otros negocios legales y naturalizados en los cuales se sustenta y perpetúa la trata de personas para explotación sexual. 

La prostitución y la reglamentación del proxenetismo

La industria del sexo, donde se enmarca la prostitución, la pornografía y otras actividades relacionadas, representa una de las mayores industrias a nivel mundial, es decir, una parte importante de la economía capitalista. Pero para que el sexo se transforme en la mercancía de esta poderosa industria, es necesario crear y alimentar la demanda. 

Principalmente a partir de la llamada “Revolución sexual” de los años 70´, la sexualidad comenzó a ser un tema del cual se habla públicamente y el sexo pasó de ser un tabú a considerarse una práctica natural, autónoma y liberadora. En la actualidad, el sexo se plantea casi como un “derecho humano”, como un bien preciado que las personas deben obtener para satisfacer sus deseos, principalmente orientado hacia los hombres. 

Ante la ausencia total de educación sexual, ni dentro de las familias, ni el sistema educativo, ni el sistema de salud, la publicidad y la pornografía se han transformado en la única fuente de información que llega masivamente a la sociedad y son el estímulo central que genera la necesidad de satisfacer el deseo sexual; deseo que otras personas deben satisfacer. Bajo estas reglas, el cuerpo femenino es considerado un objeto más de consumo que cualquiera pueda obtener con una cierta cantidad de dinero. Para satisfacer la demanda creciente y hacer funcionar este negocio altamente lucrativo para algunos empresarios, se necesitan personas que realicen estas actividades, tanto “legales” como “ilegales”, en su gran mayoría mujeres, adolescentes y niños. 

Con la fachada de la regulación de la prostitución, en muchos países se ha dado rienda suelta a las actividades que sí continúan siendo ilegales como es la trata de personas y la explotación sexual. En Uruguay, la prostitución está regulada desde el año 2002 con la ley 17.515. Esta ley considera lícito el “trabajo sexual” realizado bajo ciertas condiciones: inscripción de la “trabajadora sexual” en el Registro Nacional del Trabajo Sexual y carné sanitario vigente. Además, esta ley autoriza “la oferta de trabajo sexual en zonas especialmente determinadas, así como en prostíbulos, whiskerías, casas de masajes, bares de camareras, o similares que hayan obtenido la habilitación correspondiente”. Se habilita entonces al dueño de un prostíbulo a alquilar habitaciones con estos fines o al dueño de un bar a recibir personas que oferten “trabajo sexual” como parte de los servicios de su negocio. De esta forma el Estado no solo considera la prostitución como una actividad laboral legal, sino que respalda y reglamenta el proxenetismo, dado que es imposible pensar que la actividad que realizan las mujeres dentro de estos establecimientos no está vinculada a un proxeneta o explotador que se enriquece a costa de sus cuerpos.  

La existencia de esta ley no ha disminuido en absoluto la cantidad de prostíbulos clandestinos, la trata de personas con fines de explotación sexual, ni otras actividades relacionadas a este negocio que se encuentran por fuera del marco regulatorio. Esta regulación es el escenario perfecto para que los dueños de este negocio transformen una actividad ilegal como es la trata de mujeres para explotación sexual, en una actividad completamente legal, siendo registradas como “trabajadoras sexuales” en este registro nacional. Asimismo, se sabe que las mujeres registradas son una muy baja proporción de las que realmente ejercen la prostitución en nuestro país, de hecho, la no inscripción en este registro no impide que puedan ejercer la actividad. 

Las causas materiales de esta realidad

Si consideramos todas aquellas mujeres que no llegan inicialmente a la prostitución a través de la trata ilegal, cabe preguntarnos: ¿qué condiciones materiales de vida tienen esas mujeres? ¿Realmente alguien puede pensar que, sólo por tener más de 18 años, una mujer ejerce la prostitución por “elección libre”? ¿Lo hacen porque están de acuerdo con poner sus cuerpos al servicio de satisfacer el deseo sexual de aquellas personas que tienen dinero para pagar? 

Las mujeres de nuestro país que se encuentran ante la necesidad de conseguir un trabajo para mantenerse a ellas y a sus familias se enfrentan a un cruel mercado laboral: baja oferta, empleos precarios, salarios miserables y una alta tasa de rotación laboral. A esto hay que sumarle las extremas dificultades que existen para la mayor parte de la población para acceder a una vivienda, a salud y educación de calidad. Además, muchas mujeres crecen y se desarrollan bajo patrones y conductas violentas, donde el abuso está totalmente naturalizado. Resulta evidente que la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen en el mundo no lo hacen desde una visión de “empoderamiento” como algunas visiones posmodernas sostienen, sino que existe una base material sobre la cual se sustenta este hecho: la situación de vulnerabilidad económica y social en la que se encuentran. 

Por todas estas razones no podremos jamás reconocer que la prostitución, la venta de los cuerpos de las mujeres o de cualquier ser humano, sea considerado un trabajo, una actividad laboral como cualquier otra. La prostitución no es otra cosa que una forma de explotación extrema a la cual las mujeres se ven empujadas por un Estado que no les garantiza condiciones de vida dignas, y que tiene graves consecuencias físicas, emocionales y psíquicas. 

La única salida para terminar con este flagelo es abolir la prostitución y castigar a explotadores y consumidores, para que lo que hoy es un trabajo más, regulado por el Estado y avalado por la sociedad en su conjunto, deje de serlo. Esto no implica, en ningún caso, castigar a las víctimas de prostitución.

Debemos ser conscientes que esta situación no sólo afecta a las mujeres que se ven obligadas a prostituirse, sino que nos afecta a todas las mujeres y a la sociedad entera, porque se sostiene en las extremas desigualdades del sistema capitalista y patriarcal en el que las mujeres somos consideradas objetos de consumo. Sin embargo, también es necesario comprender que, en tanto no se ataquen las causas materiales que empujan a las mujeres a tener que vender sus propios cuerpos para poder tener un ingreso, no se podrá extinguir completamente la prostitución. 

La lucha debe ser por un cambio real de la sociedad donde se elimine todo tipo de explotación y se generen condiciones de vida donde las personas podamos desarrollarnos libremente.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí