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Estado de impunidad

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Cuando hablamos de impunidad hablamos de una política del Estado uruguayo que impide el juicio y castigo a los brutales crímenes cometidos contra organizaciones políticas, gremiales, sindicales y militantes durante el periodo de la dictadura cívico militar y su etapa previa con las Medidas Prontas de Seguridad.

No es mi intención en esta columna recorrer el proceso histórico a fondo sino que abrir un debate sobre algunos puntos controversiales en torno a la lucha por memoria, verdad y justicia y sobre el rol que debe tomar el campo popular en la misma.

La experiencia de la huelga general, la más larga desarrollada en nuestro país, como respuesta al golpe de Estado en la cual se mantuvieron bajo control obrero importantes sectores de la producción, nos habla del grado de combatividad y templanza del movimiento obrero de aquella época. Al mismo tiempo esta experiencia nos debe llevar a sacar conclusiones sobre el desenlace de la misma, y como el accionar de la dirección socialdemócrata del movimiento obrero que decide levantar esas medidas de lucha para apostar a otros medios para la resistencia lleva a fin de cuentas a una irremediable derrota.

El saldo de aproximadamente 197 desaparecidos durante la dictadura y la innegable existencia de torturas y asesinatos desarrollados por el régimen al mismo tiempo que los sistemáticos atentados contra la libertad de expresión y el debate de ideas deja una herida irrecuperable en la piel del movimiento popular uruguayo. La impunidad vigente a estos crímenes revuelve la herida causando un dolor que pretende imponer el miedo y la paralización.

El fin de la dictadura es pactado en secreto por la mayoría del sistema político de aquel momento. El Frente Amplio junto al Partido Colorado y la Unión Cívica forman parte de las reuniones que convergen en el Pacto del Club Naval, hito que lleva a la realización de las elecciones con las cuales asume el primero de marzo de 1985 la presidencia Julio Maria Sanguinetti. Entre sus primeras medidas, el primer presidente electo democráticamente redacta, propone y aprueba la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que consagra la impunidad para los delitos cometidos durante la dictadura.

¿Podemos hablar de una derrota de la dictadura? A fin de cuentas las clases dominantes se garantizaron la imposición de su modelo económico, desmantelaron al movimiento popular uruguayo golpeando a sus elementos más combativos y cuando la situación para el régimen no fue más soportable, traspasan el mando pacíficamente, garantizando a quienes condujeron el proceso la absoluta impunidad por los crímenes cometidos.

El oportunismo dentro del Frente Amplio juega un rol -hipócritamente- de embanderarse con la lucha por la verdad y justicia, pero los 15 años de su gobierno, en el que tuvieron mayorías parlamentarias, dejan un magro saldo en el avance para juzgar y castigar a los responsables de los delitos cometidos durante la dictadura. Desde la posibilidad de derogar la ley de caducidad y no hacerlo, el llamado a la reconciliación con los militares, la falta de apoyo a las iniciativas populares en torno al tema hasta las trabas puestas a las escasas investigaciones desde el Ministerio de Defensa.

Simplemente algunos datos para remarcar esto: según el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentado en mayo de 2020 únicamente se ha cubierto el 3,6% del área de los predios en los que se deben realizar las excavaciones. Y de acuerdo al último informe publicado por el Observatorio Luz Ibarburu en 2017, hubo 42 procesamientos en 22 expedientes, 13 expedientes alcanzaron condena, de las 20 personas condenadas, 1 cumplió condena, 3 fallecieron y 16 siguen detenidos, 6 en prisión domiciliaria y 10 en prisión efectiva. Del total de procesamientos, sólo 3 siguen en trámite de investigación, 7 fueron revocados y 5 procesados fallecieron antes de llegar a una sentencia definitiva.

Hoy por hoy donde reina la utilización vacía de consignas por parte del oportunismo en prácticamente todos los temas, donde el discurso se aleja de la práctica e importa más la construcción de un relato, es imperante contrastar los discursos con la realidad. Y por esto debemos decir, que en lo que respecta a la lucha contra la impunidad el progresismo juega el mismo rol que en el resto de las luchas, el de ser un muro de contención de la lucha popular para mantenerla dentro de los parámetros aceptables para las clases dominantes. El de conducirla y llevarla a páramos estériles para las conquistas. Y en este caso, el de orientar únicamente la lucha por verdad y justicia desde el punto de vista de la empatía con las víctimas dejando de lado el combate a los responsables. Con esto se permiten posicionarse como un actor protagónico en esta lucha únicamente por la empatía a las víctimas y el reconocimiento al problema, pero no por las acciones concretas que llevan adelante para resolverlo. No sólo son responsables por que se perpetúe la impunidad en el tiempo sino que son un engranaje fundamental en la maquinaria que la sostiene.

La vigencia de la impunidad en nuestros tiempos requiere una reflexión sobre el carácter del Estado en sí mismo, más allá de los distintos gobiernos, como una herramienta para la opresión que impone a la sociedad las demandas de las clases dominantes. Y para combatirlo debemos combatir a los actores políticos que la defienden, desde los mas expresos representantes de los intereses que llevaron al golpe de Estado del 1973 hasta los oportunistas que mantienen a raya la lucha de la clase trabajadora en nuestro país. Cualquier intento por despolitizar la lucha contra la impunidad, de aislarla de su carácter de clase y extirpar su esencia transformadora es en el fondo un intento por perpetuarla.

Problemas de estas características se nos plantean sistemáticamente en la coyuntura que vivimos. Se intenta colocar a los sectores de izquierda en un entrampamiento. Se nos exige la conciliación con las clases dominantes o parte de ellas en pos de un ilusorio avance hacia la justicia mientras lentamente diluyen en un mar de confusión y facilismo la lucha por la transformación social. Y el saldo, al final del día, no son victorias consolidadas o avances constatables hacia una sociedad más justa. El saldo son organizaciones populares más débiles y cooptadas, el ahondamiento de la desideologización, la desarticulación de la capacidad de lucha de la clase trabajadora y la confusión generalizada.

No será alabando nuestra democracia ni impulsando el perdón y la reconciliación dentro de nuestra sociedad que derrotaremos la impunidad. Será con un camino de lucha que tome los ejemplos de sacrificio de aquellos que estuvieron dispuestos a entregar su vida por transformar la sociedad. El juicio y castigo a los responsables sólo es posible levantando bien alto las banderas de un nuevo mundo con el que soñaron nuestros mártires.

Diego Pereira
Estudiante de Ingeniería en Computación y de la Licenciatura en Matemática. Forma parte de la Mesa Ejecutiva de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay.

2 COMENTARIOS

  1. No hay posibilidad, por lo tanto, de un “capitalismo nacional” para las amplias masas, ni posibilidad por lo tanto de un proyecto nacional-popular amparado por un Estado neutro que represente a todas las clases sociales, en la medida en que ese proyecto está limitado por las exigencias del capital y el Estado nunca deja de ser de clase.

    Por otro lado, ¿por qué se iba a esperar que la política oportunista fuese distinta con respecto a la impunidad? Claro, el campo popular pone esperanzas. Y es legítimo aunque no lo compartamos. ¿Pero es posible que el FA haga política que vaya más haya de “mantenerla dentro de los parámetros aceptables para las clases dominantes”? Mas cuando el Frente Amplio participó de aquellas reuniones “que convergen en el Pacto del Club Naval”. Pero debe consignarse que no es lo mismo el Frente Amplio que las posiciones más retrógradas.
    Hay una conexión evidente entre la participación en esas reuniones y las políticas del Estado sobre la impunidad, que están más allá de los deseos del Frente Amplio o de cualquier otra organización, porque hay de facto un compromiso FA-Estado burgués.
    Un buen texto para abrir el debate.
    Saludos!

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